“En un fallo sin precedentes la Corte Constitucional, amparó no solo los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó, sino que declaró el Rio Atrato como sujeto de especial protección constitucional.” (Santofimo, 2017)
La Corte Constitucional de Colombia, al resolver una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, le ordenó al Gobierno colombiano que tome una serie de medidas para proteger al río Atrato y erradicar la minería ilegal que se viene desarrollando desde finales de la década del noventa según datos de Codechocó. Ya en el 2013 había 200 entables mineros y 54 dragas en operación en la zona que extraen metales preciosos como oro y platino. Las riberas de este río son habitadas por comunidades afrocolombianas e indígenas, entre ellas las que presentaron la demanda ante la Corte Constitucional. La contaminación, a juicio de las comunidades, no solo afecta sus derechos fundamentales, sino que también va en contra del equilibrio natural de los territorios en los que viven.
El alto tribunal afirmó que las comunidades de la zona, ONG y la misma Corte, tras una inspección técnica, confirmaron “el uso intensivo de maquinaria pesada y sustancias tóxicas como el mercurio en el proceso de extracción del oro en el río Atrato”. Este río tiene 40.000 kilómetros cuadrados y representa el 50 por ciento del área del departamento, una de las fuentes con mayor rendimiento hídrico en el mundo. La Corte recordó en el contexto de su fallo que el Chocó tiene una extensión de 46.530 kilómetros cuadrados, equivalentes al 4,07 por ciento del total de la extensión del país. Se están generando taponamientos y desvíos del curso del agua, desecación de ciénagas, pérdidas en la conectividad de ecosistemas acuáticos con graves afectaciones a la biodiversidad.
La Corte recuerda que toda su jurisprudencia se ha basado en defender los valores “ecológicos, ambientales y culturales”. Esto es lo que el alto tribunal ha denominado una Constitución ecológica, verde o ambiental. Esta instancia asegura que el río Atrato tiene derechos y ordena al gobierno recuperarlo. La decisión, que es de noviembre del año pasado, se conoció hasta ahora, establece que el río Atrato es un “sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Ordenó al Gobierno que conforme una “comisión de guardianes del río Atrato” que protejan este afluente. La primera orden para el Gobierno es que “construya una política pública minero-energética que tenga en cuenta las realidades ambientales y sociales de la Nación”.
Resumen de el diario El Tiempo, Colombia
